PRONUNCIAMIENTO A LA OPINIÓN PÚBLICA
LA RED POPULAR DE DERECHOS HUMANOS -REDHUS-
ALERTA A LA OPINIÓN PÚBLICA POR EL RIESGO QUE REPRESENTA LA RESOLUCIÓN
1139 DEL 2020 DEL MININTERIOR A LA PROTESTA SOCIAL
La RED POPULAR DE DERECHOS HUMANOS DE BOGOTÁ -REDHUS-, expresa su
preocupación sobre el riesgo que representa la resolución 1139 del 2020 del Ministerio del Interior sobre el derecho a la protesta pues, luego de analizarlo, encontramos que:
1) Éste se centra en establecer responsabilidades de autoridades
civiles y administrativas frente a la preparación de escenarios que “alteren el
orden público” por parte de las personas que ejercen su derecho mas no en
regular el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional con el ánimo de
disminuir las vulneraciones a los DDHH que se han evidenciado en los últimos
meses.
2) La Resolución solamente hace alusión a las Organizaciones
Sociales en lo referido al auto administrativo sobre el generar el informe
que “le permita a las organizaciones sociales realizar marchas con la
consiguiente garantía para la población civil”, pero en el protocolo expedido
no se mencionan en ningún otro lado (desconociendo el papel que ellas juegan en
escenarios importantes como previos de concertación, PMU y otros). Así mismo, la
defensa de los DDHH queda únicamente relegada a “capacitaciones a la fuerza
pública”.
3) El protocolo faculta a la Policía Nacional a ser un actor aún
más represivo pues le permite “recolectar información y las acciones necesarias
para identificar amenazas, infiltraciones y riesgos al orden público” y ante la
ocurrencia de un escenario de conflicto, se induce que la movilización será
dispersada atentando contra el derecho de las personas que se movilizan
pacíficamente. Preocupa este punto pues alienta la estigmatización
institucional de la protesta social y no se considera objetivamente en qué
escenarios podría intervenir la fuerza pública, el cómo y su alcance. Por otro
lado, tampoco se hace alusión a los traslados por protección, figura
administrativa que ha sido sistemáticamente empleada para vulnerar a las personas
que se manifiestan.
Alertamos sobre el riesgo inminente que corren las comunidades y
organizaciones sociales sobre la vulneración que puede representar este
protocolo al derecho a la protesta, el debido proceso y a la integridad por los
riesgos mencionados anteriormente, y aquellos conexos que puedan desencadenar
nuevos escenarios de riesgo.
Hacemos un llamado a la comunidad en general, a las organizaciones
sociales y a la opinión pública a ejercer veeduría frente a las acciones que
realice la administración local y distrital para acatar el fallo del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca para proteger el derecho a la protesta de las
personas instando al gobierno nacional, departamental y distrital a concertar
las medidas que generen con las organizaciones sociales.
Sur de Bogotá, 15 de septiembre de 2020.
Adjuntamos la resolución para su análisis y posterior debate. Si no se aprecian bien las imágenes, éstas pueden descargarse y aumentar la escala.
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